Este fue mi primer comentario en televisión en C7 Jalisco: muy serio, sin sonreír y se nota que estoy leyendo, parezco de 80 años.
Pero lo importante son los 8 mil millones de pesos que nos cuestan los partidos políticos.
Texto y video
Agradezco a C7, a su director general, Alberto Mora y al director de noticias, Antonio Ceja por el espacio para expresar diversas ideas en torno a la vida pública del estado y del país. Este tipo de acciones nos permiten apropiarnos de la televisión pública y promover la pluralidad, enhorabuena por eso.
Mi primer comentario es sobre las prerrogativas de los partidos políticos.
Los partidos, son entes públicos que en teoría tienen fines positivos para la sociedad; deberían ser de los principales catalizadores de participación ciudadana en el país; de tal manera que el Estado debería ser responsable de otorgar prerrogativas para el mantenimiento de los mismos, porque sus funciones, de ser realizadas, beneficiarían a todos.
Sin embargo, este es otro caso donde la teoría y la práctica siguen caminos opuestos. La institución pública que más desconfianza genera, según Mitofsky, son los partidos políticos, con tan solo 4.8 puntos de calificación. Esto es consecuencia de la distancia tan amplia que marcaron los partidos de los intereses ciudadanos.
Existen dos prerrogativas que el Estado otorga a los partidos: los tiempos de radio y televisión y recursos públicos a través de financiamiento. Ambas prerrogativas se tienen que modificar: los tiempos de radio y televisión deben pasar a construir programas completos de debate donde los ciudadanos puedan contrastar propuestas y conocer las ideologías de los partidos y eliminar los spots de 30 segundos y en cuanto al financiamiento público, que ha estado en la coyuntura de las últimas semanas: debe desaparecer.
Este financiamiento cuesta al Estado mexicano 8 mil millones de pesos al año. Desde mi punto de vista, este recurso debe desaparecer y privilegiar el financiamiento privado, siguiendo el modelo estadounidense, que aunque tiene algunos riesgos, estos se pueden controlar estableciendo topes de aportaciones privadas, fortaleciendo el sistema de fiscalización del gasto e ingresos de los partidos, devolviendo esta atribución a los institutos electorales locales y lo más importante, ejerciendo mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que permitan a los ciudadanos saber quién, cuánto y cómo aporta a cada uno de los partidos políticos.
Sin duda, se debe repensar el modelo en el que mantenemos a los partidos para un modelo que evite el despilfarro de dinero, que eficiente el uso de los tiempos del Estado y sobre todo, gire en torno a la transparencia y rendición de cuentas.